Navarra pretende hacer caja a cuenta de los transportistas

El gobierno de Navarra, y más concretamente, el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha convocado a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios y de la Cámara de Comptos, a unas reuniones en las que se pretende establecer un nuevo modelo de financiación de las carreteras y otras infraestructuras viarias de la Comunidad Foral. Se trata de estudiar la posibilidad de implantar peajes a vehículos pesados en vías de alta capacidad que actualmente no se encuentran concesionadas (A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68). A estas reuniones no se ha invitado a la participación de los representantes de los transportistas que no han tardado en mostrar su malestar. Así, el sindicato Hiru ha mostrado su “total rechazo” a estas medidas, en la misma línea que la CETM, quien se lamenta de lo pronto que se ha olvidado el papel fundamental del transporte en el momento de emergencia provocado por la pandemia del Coronavirus, Covid-19.

El tránsito de “héroes” a “vacas lecheras” para los transportistas

Según sus cuentas, Navarra podría ingresar hasta 45 millones de euros anuales si implanta peaje a vehículos pesados en vías de alta capacidad, una alternativa que permitiría financiar en los próximos años obras urgentes, como son la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz y la conversión de la N-121-A en una vía 2+1, así como el mantenimiento de estas cinco carreteras.

Interior del Túnel de Almandoz

La implantación de los peajes debe ser autorizada por la Unión Europea pero con ella se podrían ingresar hasta 45 millones de euros anuales, de los cuales en torno a 29 millones se emplearían para financiar obras urgentes, otros 16 millones se destinarían para la conservación y mantenimiento, además de que se sumarían otros 6 millones de euros de recaudación en IVA. 51 millones de euros que saldrían de los bolsillos de los transportistas cada año.

Peajes exclusivamente a vehículos pesados

La propuesta del Departamento de Cohesión Territorial se fundamenta en los principios de “quien usa paga” y “quien contamina paga” de la directiva 2004/35/CE de la Comisión Europea. En este sentido, recuerdan “que los vehículos pesados son los que tienen un mayor impacto en el deterioro de las carreteras así como en la contaminación”. La tarificación a vehículos pesados en vías de alta capacidad se encuentra ampliamente extendida en la Unión Europea. Países como Alemania, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, República Checa o Polonia tienen implantados peajes en el 100% del territorio; otros como Francia o Italia en su mayor parte. En este sentido, España, actualmente, es una excepción al respecto. Únicamente el País Vasco los ha implementado en prácticamente todas sus vías de alta capacidad.

Los ingresos podrían alcanzar 51 millones de euros anuales

Navarra quiere explotar su posición geográfica estratégica como puerta de entrada y salida del tráfico internacional pesado proveniente de Europa y hacia Europa, es decir, tráfico pesado que se puede considerar “de paso”. El consejero Ciriza destaca “que se trata de una propuesta abierta a las aportaciones de las diferentes formaciones y que busca el mayor consenso político posible. Navarra tiene que seguir avanzando en la cohesión social, territorial y en el desarrollo económico, así como en la seguridad vial. Esta alternativa de financiación con peajes exclusivamente a vehículos pesados, es una opción muy extendida en muchos países europeos, bajo los principios de “quien contamina paga y quien usa paga”.

La Autopista de Navarra (AP-15) una de las carreteras de pago de la Comunidad Foral

El Consejero Ciriza señala que “el departamento, en ningún caso, contempla implantar peajes a vehículos ligeros en estas cinco vías de alta capacidad” y descarta una posible financiación mediante los denominados “peajes en sombra”.

Empresa pública

Una empresa pública, adscrita al Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, sería la encargada de gestionar cinco vías de alta capacidad que actualmente no se encuentran concesionadas en la Comunidad Foral y de aplicar la tarificación a vehículos pesados. El consejo de administración estaría integrado por representantes de todos los grupos políticos en proporción a su representación en el Parlamento de Navarra y sería el encargado de establecer la posible política comercial. La creación de esta empresa pública sería un primer paso que podría permitir actuar a futuro en otras vías de Navarra.

El ámbito de actuación de la empresa se limitaría, al menos de manera inicial, a estas vías de alta capacidad con objeto de que la empresa se ubicase fuera del perímetro de consolidación del sector público, es decir, que las inversiones realizadas no computasen ni como déficit ni como endeudamiento de la Administración Foral. Además, sería preciso definir la financiación inicial de la empresa (endeudamiento o mediante aportación de capital). Estas vías son  la A-10, Autovía de la Barranca – Irurtzun-Altsasu / Altsasua; A-15, Autovía de Leitzaran – Irurtzun-Andoain; N-121-A, Pamplona /Iruñea-Behovia; A-1, Autovía del Norte – Ziordia-Altsasu /Alsasua; y A-68, Autovía del Ebro – Castejón-Cortes.

Cabe recordar que en Navarra existen otras tres vías de alta capacidad que se encuentran concesionadas: AP-15 (Pamplona-Tudela), dependiente de Audenasa, cuya concesión revertirá en 2029; la A-12 (Autovía del Camino – Pamplona-Logroño), cuya concesión se prevé finalice en 2032; y la A-21 (Autovía del Pirineo – Pamplona-Huesca), cuya reversión a la Administración Foral se producirá en 2039. La futura y posible implantación de peajes a vehículos pesados en estas dos últimas vías dependería de la finalización de las concesiones, dado que actualmente no se prevé su rescate por parte de la Administración Foral (supondría desembolsar más de 500 millones de euros), así como de su incorporación a la empresa pública para que las gestione.