Medidas para mitigar el impacto Covid-19 en los puertos

Cristina Martínez Ribas
Abogada Denom Legal

Medidas adoptadas en los puertos estatales y autonómicos para mitigar el impacto económico provocado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y medidas fiscales aplicables en las importaciones de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 publicado en el Boletín Oficial del Estado del 18 de marzo de 2020, ya contemplaba una serie de medidas en materia de contratación pública que permite, entre otras, en los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público portuario, el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la ampliación de su duración inicial o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico del contrato (artículo 34).

Transcurridas ya más de cinco semanas desde la declaración del estado de alarma, se regula ahora en el ámbito portuario estatal la prioridad, largamente esperada, encaminada a mitigar el impacto económico provocado por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableciendo una serie de medidas excepcionales y transitorias.

Entra así en vigor en fecha de 23 de abril de 2020 el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo publicado en el BOE de 22 de abril de 2020.

Entre otras medidas para reducir los costes de pymes y autónomos, para reforzar la financiación empresarial, fiscales, de protección de los ciudadanos, de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos, se contemplan las siguientes medidas de aplicación al ámbito portuario estatal según se sintetiza como sigue:

Medidas respecto de la actividad o tráficos mínimos establecidos en los títulos concesionales

Sólo a instancia del concesionario, las Autoridades Portuarias podrán reducir motivadamente los tráficos mínimos exigidos para el año 2020 que recogen los títulos concesionales, en aquellos casos en los que no sea posible alcanzar los mismos por causa de la crisis del COVID-19. Esta reducción se hará de forma proporcionada en relación con los tráficos operados en el ejercicio 2019.

En todo caso, no se aplicarán las penalizaciones por incumplimientos de actividad o tráficos mínimos atribuibles a la crisis COVID-19 durante el ejercicio 2020.

Medidas respecto de la tasa de ocupación de concesiones y autorizaciones

Sólo a instancia del concesionario, y para las liquidaciones de la tasa que se notifiquen con posterioridad al 23 de abril de 2020, podrá el Consejo de Administración de cada Autoridad Portuaria reducir, para el ejercicio 2020, la tasa de ocupación de las concesiones o autorizaciones si se acredita que se ha experimentado un impacto significativamente negativo en su actividad como consecuencia de la crisis COVID-19. Se tomará como base la actividad de los últimos cuatro años, conforme a criterios objetivos sobre un indicador de tráfico, o en su defecto, de ingresos imputables de dicha actividad.

La reducción que se acuerde no podrá superar el 60% de la cuota íntegra en el caso de terminales de pasajeros y el 20% en el resto de concesiones o autorizaciones.

Para el cálculo de la reducción se aplicarán los criterios del artículo 178 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Medidas respecto de la tasa de actividad

Sólo a instancia del sujeto pasivo, y siempre que éste justifique el impacto negativo en su actividad de la crisis del COVID-19, la Autoridad Portuaria podrá dejar sin efecto para el año 2020 el límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad que recoge el artículo 188.b)2º 1ª del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Igualmente, y sólo a instancia del sujeto pasivo, podrá la Autoridad Portuaria modificar para para 2020 la exigibilidad de la tasa de actividad establecida en el título habilitante, suprimiendo en su caso el pago anticipado y difiriendo su liquidación al final del ejercicio en función de la actividad efectivamente desarrollada y sin que pueda ser exigida más garantía que la ya otorgada.

Medidas respecto de la tasa del buque

Los buques amarrados y fondeados en aguas portuarias como consecuencia de una orden de la Autoridad competente por razón de la crisis del COVID-19, estarán exentos del pago de la tasa del buque mientras dure esta circunstancia. Esta exención opera a partir del día 23 de abril de 2020 y durante el ejercicio 2020.

A los buques de servicios marítimos que dejen de operar, se les aplicará en la tasa del buque T-1, el coeficiente por estancia prolongada (buques inactivos) desde el primer día de su estancia en aguas portuarias, mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas.

A los buques destinados a la prestación de servicios portuarios, y mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas, se les reducirá al 1,16 el coeficiente previsto en el artículo 197.1.e).8º del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Para todas aquellas escalas que se registren desde la publicación del Real Decreto 15/2020, y mientras se prolongue el estado de alarma, se establece un valor de 1,08 € para la cuantía básica S de la tasa del buque, con la excepción de los buques que estén adscritos a un servicio marítimo regular de pasaje o carga rodada, donde el valor a aplicar será de 0,60 €.

Aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario

Previa solicitud del obligado tributario, la Autoridad Portuaria podrá conceder el aplazamiento de la deuda tributaria de las liquidaciones de tasas portuarias devengadas desde el 13 de marzo de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, ambas fechas inclusive.

El plazo máximo del aplazamiento será de seis meses y no se devengarán intereses de demora ni se exigirán garantías.

Terminales de pasajeros

Esta medida es de aplicación a las Autoridades Portuarias cuyo tráfico de pasajeros ha sufrido un descenso significativo como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que ha impedido la entrada de cruceros con pasajeros en los puertos y que ha reducido o eliminado líneas regulares de pasajeros. Las pérdidas de ingresos se tendrán en cuenta como criterio en el reparto del Fondo de Compensación Interportuario de 2020 y 2021.

Se prevé igualmente que, conforme a los pliegos reguladores del servicio portuario al pasaje en las terminales de pasajeros, la puesta a disposición de medios humamos a favor del servicio durante el estado de alarma será considerado como un servicio de emergencia.

Medidas en el ámbito de las importaciones de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19

Con efectos desde el 23 de abril de 2020 y hasta el 31 de julio 2020, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo publicado en el BOE de 22 de abril de 2020 prevé igualmente aplicar el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 que se relacionan en el Anexo de esta normativa, siempre que los destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social a las que se refiere el artículo 20, apartado 3, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Medidas en el ámbito portuario autonómico

Entre otras Comunidades Autónomas como en Baleares, donde ya se acordó la exención temporal del pago de tasas portuarias a las navieras de los barcos de pasajeros de transbordo rodado y barcos de pasajeros que presten servicio regular con destino a puertos de competencia autonómica, en Andalucía se ha acordado el pasado 15 de abril la exención de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial a los agentes que operan en el sector portuario que han visto paralizada su actividad como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Así, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del miércoles 15 de abril de 2020 se ha publicado el Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus COVID-19.

En él se reconoce que en los puertos andaluces existe un importante tejido industrial y empresarial que ha visto paralizada totalmente su actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma y que, por estas mismas razones, el sector pesquero que opera en los puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía también ha visto mermada su actividad.

La prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social portuario para minimizar el impacto y logar que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible el rebote de la actividad. Es por ello por lo que se aprueban una serie de medidas económicas y de flexibilización dirigidas al sector portuario andaluz como son la exención de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial al sector pesquero, al sector industrial, al sector hostelero portuario y a las actividades auxiliares vinculadas a la náutica deportiva y al estacionamiento de vehículos, en los términos que se describe en la normativa aprobada.

La exención se producirá desde el 14 de marzo hasta el 14 de junio de 2020, si esta situación permanece en ese momento, y se sufragará con tesorería propia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Se aprueba igualmente en esta normativa andaluza la posibilidad de fraccionamiento de liquidaciones correspondiente a la anualidad 2020, y se ponen en marcha medidas de agilización administrativa en los procedimientos para otorgar títulos para la ocupación del dominio público portuario.

Hasta la fecha, y entre otras Comunidades Autónomas, en Cataluña y Valencia, salvo error, no se ha dado todavía esta prioridad económica encaminada a proteger y dar soporte al tejido productivo y social portuario.