Uno de los arcos de peaje instalados en Gipuzkoa, en Etxegarate

El transporte por carretea guipuzcoano no termina de resolver el laberinto del “pago por uso” en la N-1 y la A-15, implantado por la Diputación Foral (DFG) a través de Bidegi (Agencia Gipuzkoana de Infraestructuras). La primera reglamentación, de enero del 2018, fue rechazada y hubo de ser modificada mediante decreto del noviembre del mismo año, que también ha cosechado una repulsa unánime del sector.

El sistema AT ha sido defendido en numerosas ocasiones por el Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano y su Diputada Foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide. Olano señala que “el futuro es el pago por uso” ya que es “la manera más justa para garantizar el buen estado de las carreteras”, al tiempo que se dedica el ahorro de los recursos “a políticas sociales y a la reactivación de la economía”.

Según Olano “más del 60% de los tráficos son extranjeros” y con este canon, “todos los camioneros contribuirán al mantenimiento y mejora de la N-I”. Desde la Diputación también prevén “un trasvase de camiones de la N-I a la AP-8 y a la AP-1”, autopistas de pago, lo que incidirá positivamente en la red, “descongestionando y equilibrando el tráfico de la N-I”.

Ahora se está a la espera de que en próximas semanas se dicte sentencia en relación a la impugnación presentada en su día por las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera contra la nueva Norma Foral aprobada en noviembre del pasado año, para  sustituir la anterior declarada ilegal por la justicia, y que ha permitido de forma transitoria mantener la exigencia del peaje hasta que los Tribunales resuelvan definitivamente.

La Diputada Foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, y el Diputado General, Markel Olano

En este camino, la Diputación guipuzcoana ha recibido un nuevo varapalo. El Defensor del Pueblo Vasco (Ararteko) ha emitido un informe en el que considera que el procedimiento sancionador y de apremio que se está aplicando para exigir el cobro del peaje “incumple la legalidad vigente”, lo que obliga a su modificación.

Antecedentes

El  sistema de cobro del peaje sobre la N-I y la A-15, que aún mantiene en vigor, pese a ser declarado nulo por el TSJ del País Vasco, y según Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha venido ocasionando “importantes errores y abusos a los transportistas”, al estar basado en unos pórticos de control situados a lo largo de la carretera, evitando que los vehículos tengan que detenerse para hacer el pago. Se han producido  numerosos casos de cobros indebidos a categorías de vehículos no sujetos al pago del peaje, como era el caso de vehículos de tonelaje inferior a 3’5 toneladas, o incluso de los camiones entre 12 y 3’5 toneladas que pese a estar sujetos al cobro de peaje, su tarifa es inferior a la de los camiones de tonelaje superior.

Por otra parte, se denuncian también los métodos de notificación de deudas por presuntos impagos de peajes y a la obligación de los transportistas de ofrecer datos personales, hechos que llevaron a las asociaciones a denunciar que tales actuaciones, junto con otras cuestiones relativas a los procedimientos de sanción y apremio, generaban una “indefensión jurídica” hacia los transportistas, sin precedentes en el cobro de deudas, así como un “incumplimiento manifiesto de la legalidad vigente” en materia de procedimientos de cobro de deudas tributarias.